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Informe entregado a Dra: Tracy Robinson, Relatora de Derechos Humanos de la CIDH

28 Mayo

Doctora Tracy Robinson
Relatora de Derechos de la Mujer
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

 Estimada doctora Robinson

Las    integrantes     de   la  Confluencia     Feminista     Mesoamericana         Petateras     celebramos      su   visita  a Nicaragua, para conocer al detalle la situación de los derechos humanos de las nicaragüenses, en la voz de quienes promueven y defienden cotidianamente tales derechos.

Aprovechamos   su   visita   para   compartir   con   Usted,  en   su   calidad   de   Relatora   de   Derechos   de la Mujer      de   la  CIDH,     algunas    de   las   situaciones     que    viven    mujeres     de   otros    territorios    de Mesoamérica, que no son otra cosa que flagrantes violaciones a sus derechos, y en las cuales está   involucrada esta Confluencia .

 Las campesinas de El Aguán, Honduras

La Zona de El Bajo Aguán, vive un histórico conflicto de tierras, aumentado con el golpe de estado del   2009.   El   ex   presidente   Zelaya   había   firmado   un   acuerdo   con   los   terratenientes   de   la   zona Miguel      Facusé     y  René    Morales,     a   fin que     devolvieran      las  tierras    de   las  cooperativas      del Movimiento   Campesino   Unificado   del   Agúan   (MUCA).  Estos  acuerdos   no   se   ejecutaron,   con   el golpe,  y   el   campesinado   decidió   ocupar   sus   tierras;   a       partir   de   lo   cual,   han   sido   perseguidos violentamente,  asesinados   y   desalojados   tanto   por   personal   de   seguridad  de los   terratenientes, como por efectivos del ejército y de la policía fuertemente armados. La zona ha sido militarizada y hay una brutal campaña para confiscar las tierras de las familias y comunidades de la zona.

La    señora    Margaret      Sekaggya,     Relatora   Especial     de   las  Naciones     Unidas,     visitó  Honduras      en febrero de este año y se hizo eco de la preocupación expresada por la CIDH el 11 de julio de 2011, "[…]  donde  entre  septiembre  de  2009  y  octubre  de  2011,  habrían  sido  asesinadas  42  personas  afiliadas   a   organizaciones   campesinas,  así   como   un   periodista   y   su  pareja,  en   el   contexto   de   un conflicto   agrario.   En   una   audiencia   sobre   esta   situación,   la   CIDH   recogió   información   sobre   la criminalización   de   la   lucha   campesina   y   la   militarización   de   la   zona,   lo   que   habría   puesto   a   los campesinos y a defensores y defensoras de derechos humanos en el Bajo Aguán, en una situación de alto riesgo".      La Comisión también expresó su preocupación por la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad ciudadana.

Las embestidas de empresarios, gobierno y militares, se han expresado de manera más cruenta en las   mujeres,      sus  cuerpos     y   sus   vidas.  “Las   mujeres     del    Aguán     peleamos      junto    a  nuestros compañeros   varones   por   la   tierra,  y   enfrentamos   con   ellos la   represión,  la violencia   de   policías, militares     y  guardias    de   seguridad.     Nos   toca   enterrar     compañeros,       hermanos,      padres    y  hasta
nuestros propios hijos, llorarlos y seguir adelante. El miedo que nos da la represión nos provoca pesadillas, mal dormir, enfermedades, dolores de cabeza, nervios para hablar, para caminar, para vivir todos los días. Pero nos acompañamos con otras mujeres para enfrentar esta situación, nos
ponemos de acuerdo para hacer turnos y cuidarnos, para dormir, comer y platicar a ver cómo le vamos a hacer para salir adelante. Y salimos adelante. En esta lucha estamos todos y todas juntos”  se   lee   en   la   Declaración  Final  del  Taller  “Cuerpos  de  Mujeres,  Luchas  y  Esperanzas”  de  febrero
recién pasado, donde convergieron más de cincuenta campesinas, en la Comunidad La Confianza El   Aguán,   que    precedió   al  Encuentro   Internacional   de      Derechos     Humanos      en   Solidaridad   con Honduras, donde participaron unas mil 300 personas.

En el Aguán, está en juego es el derecho a una vida digna que implica  no vivir violencia física, ni sicológica    ni  sexual,  alimentación,   educación,   salud,       tierra  donde     vivir  y derecho   a   cultivarla, trabajar, vivir en paz. Ninguno de estos derechos ha sido garantizado, ni con los acuerdos firmados por el Gobierno con el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA). Esto se refleja en la militarización de la zona con la operación militar Xatruch, desde agosto del 2011 hasta la fecha.

Un   grupo   de   Petateras   participa   en   la   Audiencia   Internacional   por  los   Derechos   Humanos   en   el Aguán,     que   se  inició  hoy   por   la  mañana    y   donde    en  la  primera    jornada    dieciocho    personas presentaron testimonios, de las cuales diez son campesinas.

Las indígenas Ngöbe Buglé, Panamá

La etnia Ngöbe Buglé, unos 160 mil indígenas, vive en el occidente de Panamá. En febrero pasado, le tocó vivir una lucha por el control autónomo de sus recursos mineros e hídricos en un territorio de    aproximadamente        siete   mil  kilómetros,     encabezados      por   Silvia  Carrera,    agricultora   de   la comarca Ngöbe Buglé, a la vez que su primera cacica.

La lucha de las y los Ngöbe Buglé duró más de una semana de movilizaciones locales y nacionales, hasta ocupar tramos de la Carretera Panamericana que atraviesa la región y  haciendo llamados al gobierno para realizar un diálogo, mientras se desarrollaba un  operativo estatal por aire y tierra
que   significó   dos   muertos   entre   los   manifestantes,   miles   de   heridos   por   bala,   golpes   y   gases lacrimógenos y cientos de detenidos. Además de haber sido cortadas las comunicaciones celulares y telefónicas en la zona.

No obstante, la situación culminó con una negociación que hizo retroceder al gobierno de Ricardo Martinelli. El pueblo Ngöbe Buglé, respaldado por movimientos sociales y fuerzas progresistas, en una   protesta   que   logró   unir   a   todo   el   país   contra   los   abusos   del   gobierno  actual,  logró   que   se excluyera de la propuesta de Reforma al Código Minero un artículo que ya había sido negociado el año   anterior    con   los   Ngöbe   Buglé.   El  ocho  de    febrero  pasado,  se     firmó   un   acuerdo   entre    el gobierno y los Ngöbe Buglé, en el que se estableció que el gobierno  respetará la exclusión de la Comarca   en   la   Reforma   al   Código   de   Minería.   Además,   las   autoridades   se   comprometieron   a
liberar los detenidos y ofrecer atención médica a los afectados, indemnizar a los familiares de las dos personas que murieron, restablecer las comunicaciones y retirar el operativo de las fuerzas de seguridad en la zona.

La situación vivida por el pueblo  Ngöbe Buglé violentó su derecho a la comunicación,  a moverse por el territorio, al derecho a la vida; y en el caso particular de las mujeres,  a su dignidad, a  no sufrir violencia sexual, y su libertad para desarrollar sus proyectos, prepararse y organizarse para
enfrentar la discriminación y participar directamente en decisiones políticas y públicas.

Las Petateras y las compañeras del Enlace Continental de Mujeres hemos logrado que la denuncia de estas violaciones de derechos humanos lleguen directamente al Relator de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas.

Desarrollo a la fuerza, Guatemala

Las consultas de vecinos iniciaron en Zacapa, luego en Zipacapa y se ampliaron a distintos puntos de  Guatemala.  Más  de   un millón  de  personas   se  han  manifestado   por   este   medio. Comenzaron haciéndose para la construcción de una hidroeléctrica o la operación de una mina, proyectos que
atentaban contra prácticas y costumbres ancestrales. La voluntad popular planteó un hasta aquí a los empresarios. La respuesta mayoritaria fue no. Pese al rechazo, se instalaron.

Las consultas han sido una cascada pacífica en la que los pueblos se han organizado para participar en    las decisiones     de  problemas      que   les  afectan   en   sus  localidades.   Las   mujeres     han   estado presentes. Han sido integrantes de los concejos municipales, han estado en las mesas de votación, y   en   todas,   han   levantado   su   mano,   alzado   su   voz   o marcado   las   boletas   para   hacer   valer   su derecho a elegir sobre el futuro de sus territorios.

Por su parte, las empresas han recurrido a todo tipo de campañas, disuasivas, a través de regalos y corrupción de autoridades; de desinformaciones mediante panfletos y reuniones. Consideran que su   poder   es   incuestionable   y   califican   a   las   poblaciones   de   ignorantes   y   manipuladas   desde   su conservadora perspectiva racista y excluyente que ha predominado por siglos.

El gobierno del militar Otto Pérez Molina, involucrado en la represión y violencia desatada por el Estado en los años ochenta, ha anunciado y repetido que tiene compromisos con inversionistas y que el campo necesita desarrollarse con su apoyo. Ha dado muestras de su estilo de imponer estas políticas que ofrecen progreso, al implantar Estados de Sitio donde la población se ha revelado a aceptar las operaciones de transnacionales mineras o de energía. En los pocos meses que lleva en el  Ejecutivo,    ha    evidenciado    su    marcado     interés   en   respaldar     proyectos    de   explotación     y extracción de recursos naturales.

Para las mujeres sus territorios son espacios vitales, allí han crecido, se han alimentado y tienen su identidad   y   arraigo   cultural.   El   temor   más   grande   es   que   las   fuentes   de   agua   se   contaminen   o sequen,   y   saben   que   eso   es   inaceptable.   Desde   febrero   de   este   año,   un   grupo  ha  acampando frente a la puerta de un proyecto minero en las cercanías del municipio de San José El Golfo, en el departamento        de   Guatemala.     En    turnos,   pernoctan     y  enfrentan     los  problemas      que   se van suscitando. Están dispuestas a defender su territorio de la voracidad de los empresarios. Su interés es proteger sus recursos naturales, sobre todo el agua. Entre sus reclamos más sentidos está que se les preste atención, se realice una consulta de vecinos donde puedan plantear su posición de rechazo a este proyecto de explotación de oro y plata.

Mujeres del área rural, con pocos estudios, con la certeza de estar en lo justo. La dignidad es su escudo frente al poder empresarial. Su fuerza radica en la necesidad de sostener la vida. En otras regiones,   mujeres   incorporadas   a   la   lucha   contra   proyectos   de     “desarrollo”    que   deterioran   el ambiente, resisten y buscan seguir sobreviviendo en paz, con su gente, en sus tierras.

Guatemala ostenta los índices más altos de violencia contra las mujeres, rebasando con mucho a Ciudad Juárez. Esto se suma a la violencia estructural que se resume en las cifras de mortalidad, analfabetismo y abusos que padece la población femenina.

Femicidio en Mesoamérica

 Si bien en una mayoría de países de Mesoamérica se observan avances en cuanto a la existencia  de    leyes   que    tipifican   y  sancionan      la  violencia    contra    las  mujeres     y   el  feminicidio,    persisten  profundas       limitaciones      de   recursos     para    su   implementación;         asimismo,      falta   compromiso        y  voluntad      de    quienes     administran       la  justicia   en    la  aplicación     de    tales   leyes    y  normativas,  manteniéndose prácticas de corrupción e inoperancia.

 Se han convertido en una amenaza al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, no sólo el  incremento   de   los   femicidios   sino   también   la   saña   y   la   atrocidad   con   que   son   sometidos;   y   la  relación de los mismos con la migración y la trata de personas.

 Se   observan   a   la   vez   una   tendencia   a   la   impunidad,  reflejada   en   una   serie   de   hechos,   como   la  excarcelación,        rebajas     de   penas,     desestimación        de    causas,     manipulación        de   procesos      de  investigación.  Así   como   retrocesos   y   criminalización   en   el   ejercicio   de   los   derechos   sexuales   y  derechos   reproductivos. A   la   vez,  en   Mesoamérica   se   registra   cada   vez   más   la   criminalización   y  ataques directos a las defensoras y sus familias, así como amenazas.

 Todo lo anterior se conjuga con el desmantelamiento de la institucionalidad estatal en los países y  la constitución de poderes fácticos (crimen organizado) en poderes paraestatales. Militarización.  Ausencia   o   presencia limitada   del   aparato   estatal   en  todos   los   países   y  de  creencias y  prácticas  culturales   y   comunitarias  que   culpabilizan   y   hacen   escarnio   de   las   mujeres,  promovidas  muchas  veces desde las iglesias.

 Mucho agradeceremos a Usted y a la CIDH volver su mirada a estas otras violaciones de derechos  humanos   en    Mesoamérica        e    iniciar    procesos      de    investigación      en    unos     casos    o   enviar  recomendaciones a los Estados en otros.

 Agradeciéndole su atención a la presente, muy cordialmente,

                           Confluencia Feminista Mesoamericana Las Petateras
Costa Rica: Alda Facio, Aylin Morera, Ginet Vargas, María Suárez, Roxana Arroyo, Yarman Jiménez.

El   Salvador:   Emely   Flores,   Gilda   Vivian   Parducci,   Yanira   Argueta.   Guatemala:   Ana   María   Cofiño,
Jeannette        Asencio,     Liduvina     Méndez,       Magda Cholotío,          Patricia    Ardón,     Walda      Barrios-Klee.

Honduras:   Adelay   Carias,   Daysi   Flores,   Dilcia   Yamileth   Zavala   Zúñiga,   Gilda   María   Rivera,   Hogla
Teruel,     Lídice   Ortega,     Miriam     Suazo,    Regina     Fonseca,     Reyna     Cálix,  Sara    Avilés   Tome,     Suyapa
Martínez.

México: Araceli González, Daptnhe Cuevas, Lucía Lagunes, María Teresa Zúñiga, Martha
Sánchez,   Marusia   López,   Pilar   Muriedas.  

Nicaragua:   Adriana   Palacios,   Ana   Maria   Pizarro,   Arlen
Centeno,       Evelyn    Cecilia   Flores,    Guadalupe       Salinas,   Malena      de   Montis,     Marlen     Chow,     Martha
Yllescas,  Patricia   Orozco,  Violeta   Delgado,  Yamileth   Mejia.  

Panamá:  Aleyda   Terán,  Alibel   Pizarro, Mariela Arce, Sonia Enríquez, Urania Ungo.

Estados Unidos: Alejandra Scampini, Ana Luisa Ahern, Erika Guevara, Lisa VeneKlasen, Valerie Miller.

 Managua, Mesoamérica, 29 de mayo de 2012.

 i
   Informe elaborado con base en informes específicos de Ana María Cofiño, Gilda María Rivera, María Suárez, Roxana
 Arroyo, Violeta Delgado y Yarman Jiménez, directamente relacionadas con las situaciones descritas.