Sans surprise, les hommes d√©j√† connus pour avoir une maladie cardiaque grave avec tarif de la dysfonction √©rectile pire de tout, les chercheurs australiens ont trouv√©. O√Ļ commander kamagra sans ordonnance vous avez trouv√© une #pharmacie en ligne ici http://trendpharm.com/ kamagra. Lorsque des probl√®mes se produisent dans la chambre, les √©motions peuvent ex√©cuter √©lev√©. Si vous avez commenc√© √† √©viter les rapports sexuels par crainte de ne pas obtenir une √©rection, votre partenaire peut commencer √† vous pensez ne trouvent plus attrayants. Sentiments se blessent. En couple commencent √† se sentir moins intime. Le ressentiment se insinue. Una disfunci√≥n er√©ctil puede ser el resultado de afecciones y enfermedades, medicaci√≥n o estilo de vida. En primer lugar, es un problema f√≠sico. A menudo, factores ps√≠quicos como el estr√©s y el miedo ayudan a mantener o empeorar los problemas er√©ctiles. Compra propecia generico en madrid saber cu√°l es el medicamento ideal para usted depende de diferentes factores.

Informe entregado a Dra: Tracy Robinson, Relatora de Derechos Humanos de la CIDH

28 Mayo

Doctora Tracy Robinson
Relatora de Derechos de la Mujer
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

 Estimada doctora Robinson

Las    integrantes     de   la  Confluencia     Feminista     Mesoamericana         Petateras     celebramos      su   visita  a Nicaragua, para conocer al detalle la situaci√≥n de los derechos humanos de las nicarag√ľenses, en la voz de quienes promueven y defienden cotidianamente tales derechos.

Aprovechamos   su   visita   para   compartir   con   Usted,  en   su   calidad   de   Relatora   de   Derechos   de la Mujer      de   la  CIDH,     algunas    de   las   situaciones     que    viven    mujeres     de   otros    territorios    de Mesoam√©rica, que no son otra cosa que flagrantes violaciones a sus derechos, y en las cuales est√°   involucrada esta Confluencia .

 Las campesinas de El Agu√°n, Honduras

La Zona de El Bajo Agu√°n, vive un hist√≥rico conflicto de tierras, aumentado con el golpe de estado del   2009.   El   ex   presidente   Zelaya   hab√≠a   firmado   un   acuerdo   con   los   terratenientes   de   la   zona Miguel      Facus√©     y  Ren√©    Morales,     a   fin que     devolvieran      las  tierras    de   las  cooperativas      del Movimiento   Campesino   Unificado   del   Ag√ļan   (MUCA).  Estos  acuerdos   no   se   ejecutaron,   con   el golpe,  y   el   campesinado   decidi√≥   ocupar   sus   tierras;   a       partir   de   lo   cual,   han   sido   perseguidos violentamente,  asesinados   y   desalojados   tanto   por   personal   de   seguridad  de los   terratenientes, como por efectivos del ej√©rcito y de la polic√≠a fuertemente armados. La zona ha sido militarizada y hay una brutal campa√Īa para confiscar las tierras de las familias y comunidades de la zona.

La    se√Īora    Margaret      Sekaggya,     Relatora   Especial     de   las  Naciones     Unidas,     visit√≥  Honduras      en febrero de este a√Īo y se hizo eco de la preocupaci√≥n expresada por la CIDH el 11 de julio de 2011, "[‚Ķ]  donde  entre  septiembre  de  2009  y  octubre  de  2011,  habr√≠an  sido  asesinadas  42  personas  afiliadas   a   organizaciones   campesinas,  as√≠   como   un   periodista   y   su  pareja,  en   el   contexto   de   un conflicto   agrario.   En   una   audiencia   sobre   esta   situaci√≥n,   la   CIDH   recogi√≥   informaci√≥n   sobre   la criminalizaci√≥n   de   la   lucha   campesina   y   la   militarizaci√≥n   de   la   zona,   lo   que   habr√≠a   puesto   a   los campesinos y a defensores y defensoras de derechos humanos en el Bajo Agu√°n, en una situaci√≥n de alto riesgo".      La Comisi√≥n tambi√©n expres√≥ su preocupaci√≥n por la participaci√≥n de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad ciudadana.

Las embestidas de empresarios, gobierno y militares, se han expresado de manera m√°s cruenta en las   mujeres,      sus  cuerpos     y   sus   vidas.  ‚ÄúLas   mujeres     del    Agu√°n     peleamos      junto    a  nuestros compa√Īeros   varones   por   la   tierra,  y   enfrentamos   con   ellos la   represi√≥n,  la violencia   de   polic√≠as, militares     y  guardias    de   seguridad.     Nos   toca   enterrar     compa√Īeros,       hermanos,      padres    y  hasta
nuestros propios hijos, llorarlos y seguir adelante. El miedo que nos da la represi√≥n nos provoca pesadillas, mal dormir, enfermedades, dolores de cabeza, nervios para hablar, para caminar, para vivir todos los d√≠as. Pero nos acompa√Īamos con otras mujeres para enfrentar esta situaci√≥n, nos
ponemos de acuerdo para hacer turnos y cuidarnos, para dormir, comer y platicar a ver c√≥mo le vamos a hacer para salir adelante. Y salimos adelante. En esta lucha estamos todos y todas juntos‚ÄĚ  se   lee   en   la   Declaraci√≥n  Final  del  Taller  ‚ÄúCuerpos  de  Mujeres,  Luchas  y  Esperanzas‚ÄĚ  de  febrero
reci√©n pasado, donde convergieron m√°s de cincuenta campesinas, en la Comunidad La Confianza El   Agu√°n,   que    precedi√≥   al  Encuentro   Internacional   de      Derechos     Humanos      en   Solidaridad   con Honduras, donde participaron unas mil 300 personas.

En el Agu√°n, est√° en juego es el derecho a una vida digna que implica  no vivir violencia f√≠sica, ni sicol√≥gica    ni  sexual,  alimentaci√≥n,   educaci√≥n,   salud,       tierra  donde     vivir  y derecho   a   cultivarla, trabajar, vivir en paz. Ninguno de estos derechos ha sido garantizado, ni con los acuerdos firmados por el Gobierno con el Movimiento Unificado Campesino del Agu√°n (MUCA). Esto se refleja en la militarizaci√≥n de la zona con la operaci√≥n militar Xatruch, desde agosto del 2011 hasta la fecha.

Un   grupo   de   Petateras   participa   en   la   Audiencia   Internacional   por  los   Derechos   Humanos   en   el Agu√°n,     que   se  inici√≥  hoy   por   la  ma√Īana    y   donde    en  la  primera    jornada    dieciocho    personas presentaron testimonios, de las cuales diez son campesinas.

Las indígenas Ngöbe Buglé, Panamá

La etnia Ng√∂be Bugl√©, unos 160 mil ind√≠genas, vive en el occidente de Panam√°. En febrero pasado, le toc√≥ vivir una lucha por el control aut√≥nomo de sus recursos mineros e h√≠dricos en un territorio de    aproximadamente        siete   mil  kil√≥metros,     encabezados      por   Silvia  Carrera,    agricultora   de   la comarca Ng√∂be Bugl√©, a la vez que su primera cacica.

La lucha de las y los Ng√∂be Bugl√© dur√≥ m√°s de una semana de movilizaciones locales y nacionales, hasta ocupar tramos de la Carretera Panamericana que atraviesa la regi√≥n y  haciendo llamados al gobierno para realizar un di√°logo, mientras se desarrollaba un  operativo estatal por aire y tierra
que   signific√≥   dos   muertos   entre   los   manifestantes,   miles   de   heridos   por   bala,   golpes   y   gases lacrim√≥genos y cientos de detenidos. Adem√°s de haber sido cortadas las comunicaciones celulares y telef√≥nicas en la zona.

No obstante, la situaci√≥n culmin√≥ con una negociaci√≥n que hizo retroceder al gobierno de Ricardo Martinelli. El pueblo Ng√∂be Bugl√©, respaldado por movimientos sociales y fuerzas progresistas, en una   protesta   que   logr√≥   unir   a   todo   el   pa√≠s   contra   los   abusos   del   gobierno  actual,  logr√≥   que   se excluyera de la propuesta de Reforma al C√≥digo Minero un art√≠culo que ya hab√≠a sido negociado el a√Īo   anterior    con   los   Ng√∂be   Bugl√©.   El  ocho  de    febrero  pasado,  se     firm√≥   un   acuerdo   entre    el gobierno y los Ng√∂be Bugl√©, en el que se estableci√≥ que el gobierno  respetar√° la exclusi√≥n de la Comarca   en   la   Reforma   al   C√≥digo   de   Miner√≠a.   Adem√°s,   las   autoridades   se   comprometieron   a
liberar los detenidos y ofrecer atención médica a los afectados, indemnizar a los familiares de las dos personas que murieron, restablecer las comunicaciones y retirar el operativo de las fuerzas de seguridad en la zona.

La situaci√≥n vivida por el pueblo  Ng√∂be Bugl√© violent√≥ su derecho a la comunicaci√≥n,  a moverse por el territorio, al derecho a la vida; y en el caso particular de las mujeres,  a su dignidad, a  no sufrir violencia sexual, y su libertad para desarrollar sus proyectos, prepararse y organizarse para
enfrentar la discriminaci√≥n y participar directamente en decisiones pol√≠ticas y p√ļblicas.

Las Petateras y las compa√Īeras del Enlace Continental de Mujeres hemos logrado que la denuncia de estas violaciones de derechos humanos lleguen directamente al Relator de Pueblos Ind√≠genas de Naciones Unidas.

Desarrollo a la fuerza, Guatemala

Las consultas de vecinos iniciaron en Zacapa, luego en Zipacapa y se ampliaron a distintos puntos de  Guatemala.  M√°s  de   un mill√≥n  de  personas   se  han  manifestado   por   este   medio. Comenzaron haci√©ndose para la construcci√≥n de una hidroel√©ctrica o la operaci√≥n de una mina, proyectos que
atentaban contra prácticas y costumbres ancestrales. La voluntad popular planteó un hasta aquí a los empresarios. La respuesta mayoritaria fue no. Pese al rechazo, se instalaron.

Las consultas han sido una cascada pac√≠fica en la que los pueblos se han organizado para participar en    las decisiones     de  problemas      que   les  afectan   en   sus  localidades.   Las   mujeres     han   estado presentes. Han sido integrantes de los concejos municipales, han estado en las mesas de votaci√≥n, y   en   todas,   han   levantado   su   mano,   alzado   su   voz   o marcado   las   boletas   para   hacer   valer   su derecho a elegir sobre el futuro de sus territorios.

Por su parte, las empresas han recurrido a todo tipo de campa√Īas, disuasivas, a trav√©s de regalos y corrupci√≥n de autoridades; de desinformaciones mediante panfletos y reuniones. Consideran que su   poder   es   incuestionable   y   califican   a   las   poblaciones   de   ignorantes   y   manipuladas   desde   su conservadora perspectiva racista y excluyente que ha predominado por siglos.

El gobierno del militar Otto P√©rez Molina, involucrado en la represi√≥n y violencia desatada por el Estado en los a√Īos ochenta, ha anunciado y repetido que tiene compromisos con inversionistas y que el campo necesita desarrollarse con su apoyo. Ha dado muestras de su estilo de imponer estas pol√≠ticas que ofrecen progreso, al implantar Estados de Sitio donde la poblaci√≥n se ha revelado a aceptar las operaciones de transnacionales mineras o de energ√≠a. En los pocos meses que lleva en el  Ejecutivo,    ha    evidenciado    su    marcado     inter√©s   en   respaldar     proyectos    de   explotaci√≥n     y extracci√≥n de recursos naturales.

Para las mujeres sus territorios son espacios vitales, all√≠ han crecido, se han alimentado y tienen su identidad   y   arraigo   cultural.   El   temor   m√°s   grande   es   que   las   fuentes   de   agua   se   contaminen   o sequen,   y   saben   que   eso   es   inaceptable.   Desde   febrero   de   este   a√Īo,   un   grupo  ha  acampando frente a la puerta de un proyecto minero en las cercan√≠as del municipio de San Jos√© El Golfo, en el departamento        de   Guatemala.     En    turnos,   pernoctan     y  enfrentan     los  problemas      que   se van suscitando. Est√°n dispuestas a defender su territorio de la voracidad de los empresarios. Su inter√©s es proteger sus recursos naturales, sobre todo el agua. Entre sus reclamos m√°s sentidos est√° que se les preste atenci√≥n, se realice una consulta de vecinos donde puedan plantear su posici√≥n de rechazo a este proyecto de explotaci√≥n de oro y plata.

Mujeres del √°rea rural, con pocos estudios, con la certeza de estar en lo justo. La dignidad es su escudo frente al poder empresarial. Su fuerza radica en la necesidad de sostener la vida. En otras regiones,   mujeres   incorporadas   a   la   lucha   contra   proyectos   de     ‚Äúdesarrollo‚ÄĚ    que   deterioran   el ambiente, resisten y buscan seguir sobreviviendo en paz, con su gente, en sus tierras.

Guatemala ostenta los índices más altos de violencia contra las mujeres, rebasando con mucho a Ciudad Juárez. Esto se suma a la violencia estructural que se resume en las cifras de mortalidad, analfabetismo y abusos que padece la población femenina.

Femicidio en Mesoamérica

 Si bien en una mayor√≠a de pa√≠ses de Mesoam√©rica se observan avances en cuanto a la existencia  de    leyes   que    tipifican   y  sancionan      la  violencia    contra    las  mujeres     y   el  feminicidio,    persisten  profundas       limitaciones      de   recursos     para    su   implementaci√≥n;         asimismo,      falta   compromiso        y  voluntad      de    quienes     administran       la  justicia   en    la  aplicaci√≥n     de    tales   leyes    y  normativas,  manteni√©ndose pr√°cticas de corrupci√≥n e inoperancia.

 Se han convertido en una amenaza al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, no s√≥lo el  incremento   de   los   femicidios   sino   tambi√©n   la   sa√Īa   y   la   atrocidad   con   que   son   sometidos;   y   la  relaci√≥n de los mismos con la migraci√≥n y la trata de personas.

 Se   observan   a   la   vez   una   tendencia   a   la   impunidad,  reflejada   en   una   serie   de   hechos,   como   la  excarcelaci√≥n,        rebajas     de   penas,     desestimaci√≥n        de    causas,     manipulaci√≥n        de   procesos      de  investigaci√≥n.  As√≠   como   retrocesos   y   criminalizaci√≥n   en   el   ejercicio   de   los   derechos   sexuales   y  derechos   reproductivos. A   la   vez,  en   Mesoam√©rica   se   registra   cada   vez   m√°s   la   criminalizaci√≥n   y  ataques directos a las defensoras y sus familias, as√≠ como amenazas.

 Todo lo anterior se conjuga con el desmantelamiento de la institucionalidad estatal en los pa√≠ses y  la constituci√≥n de poderes f√°cticos (crimen organizado) en poderes paraestatales. Militarizaci√≥n.  Ausencia   o   presencia limitada   del   aparato   estatal   en  todos   los   pa√≠ses   y  de  creencias y  pr√°cticas  culturales   y   comunitarias  que   culpabilizan   y   hacen   escarnio   de   las   mujeres,  promovidas  muchas  veces desde las iglesias.

 Mucho agradeceremos a Usted y a la CIDH volver su mirada a estas otras violaciones de derechos  humanos   en    Mesoam√©rica        e    iniciar    procesos      de    investigaci√≥n      en    unos     casos    o   enviar  recomendaciones a los Estados en otros.

 Agradeci√©ndole su atenci√≥n a la presente, muy cordialmente,

                           Confluencia Feminista Mesoamericana Las Petateras
Costa Rica: Alda Facio, Aylin Morera, Ginet Vargas, María Suárez, Roxana Arroyo, Yarman Jiménez.

El   Salvador:   Emely   Flores,   Gilda   Vivian   Parducci,   Yanira   Argueta.   Guatemala:   Ana   Mar√≠a   Cofi√Īo,
Jeannette        Asencio,     Liduvina     M√©ndez,       Magda Cholot√≠o,          Patricia    Ard√≥n,     Walda      Barrios-Klee.

Honduras:   Adelay   Carias,   Daysi   Flores,   Dilcia   Yamileth   Zavala   Z√ļ√Īiga,   Gilda   Mar√≠a   Rivera,   Hogla
Teruel,     L√≠dice   Ortega,     Miriam     Suazo,    Regina     Fonseca,     Reyna     C√°lix,  Sara    Avil√©s   Tome,     Suyapa
Martínez.

M√©xico: Araceli Gonz√°lez, Daptnhe Cuevas, Luc√≠a Lagunes, Mar√≠a Teresa Z√ļ√Īiga, Martha
S√°nchez,   Marusia   L√≥pez,   Pilar   Muriedas.  

Nicaragua:   Adriana   Palacios,   Ana   Maria   Pizarro,   Arlen
Centeno,       Evelyn    Cecilia   Flores,    Guadalupe       Salinas,   Malena      de   Montis,     Marlen     Chow,     Martha
Yllescas,  Patricia   Orozco,  Violeta   Delgado,  Yamileth   Mejia.  

Panam√°:  Aleyda   Ter√°n,  Alibel   Pizarro, Mariela Arce, Sonia Enr√≠quez, Urania Ungo.

Estados Unidos: Alejandra Scampini, Ana Luisa Ahern, Erika Guevara, Lisa VeneKlasen, Valerie Miller.

 Managua, Mesoam√©rica, 29 de mayo de 2012.

 i
   Informe elaborado con base en informes espec√≠ficos de Ana Mar√≠a Cofi√Īo, Gilda Mar√≠a Rivera, Mar√≠a Su√°rez, Roxana
 Arroyo, Violeta Delgado y Yarman Jim√©nez, directamente relacionadas con las situaciones descritas.