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Carta de apoyo a Máxima Acuña de Chaupe

18 Julio
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Señor

Eduardo Vega Luna

Defensor del Pueblo

DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS TEME ACCIÓN DE DESALOJO

 

Máxima Acuña de Chaupe, defensora de derechos humanos teme acción de DESALOJO, después de ser intimidada por División de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú en la región Cajamarca.

Máxima Acuña de Chaupe está en riesgo diario de ser desalojada junto a su familia de su casa en Tragadero Grande, Distrito de Sorochuco en la región Cajamarca. Desde el 2011 ella y su familia han sido víctimas de violentos intentos de expulsarla de su propiedad y continuas amenazas por parte de minera Yanacocha y de la División de Operaciones Especiales de la Policía Nacional Peruana (DINOES) que se encuentra al servicio de la empresa minera. Desde marzo del 2013, efectivos policiales de la DINOES han sido colocados permanentemente alrededor de su casa[1]. La constante presencia policial en el área es un recordatorio continuo que su casa y futuro ya no es seguro y que su tierra es ansiada por el cuestionado mega proyecto minero Conga. Este proyecto anunció la destrucción de lagunas, que abastecen de agua limpia a las comunidades de la zona, para extraer oro, cobre y plata.

En 1994, Máxima compró la tierra donde actualmente vive con su familia. En 2011 se negó a venderla a la empresa minera Yanacocha dueña del megaproyecto Conga. Sin embargo, la empresa minera Yanacocha, aduce que dicho terreno les  ha sido vendido directamente por los directivos de la comunidad de Sorochuco, intentando expulsarlos varias veces usando a la policía y a su personal de seguridad privada.

Uno de los incidentes ocurrió el 10 de agosto 2011, que dejó a Máxima y su hija inconscientes a manos de la DINOES[2], sufriendo además la muerte de varios de sus animales. Aún así la familia ha resistido a los desalojos y Máxima Acuña (madre de esta familia) ha cedido espacio para la instalación de los ronderos[3], guardianes de las lagunas, quienes han acampado en su tierra desde octubre del 2012[4]. Lamentablemente esto no ha sido la solución. 

El 30 de enero 2013, la DINOES, aprovechando la ausencia de los ronderos que habían asistido a una asamblea en un pueblo cercano, entró en su propiedad e intentó desalojarlos nuevamente, sin ninguna orden de desalojo o mandato judicial. Yanacocha sigue afirmando que la familia Chaupe está sobre tierras que les han sido vendidas y que ahora las ocupan de manera ilegal; lo cierto es que dicha familia nunca vendió sus tierras, y demuestran con documentos que son propietarios de dicho terreno[5].

Máxima ha denunciado numerosos casos de violencia y asalto físico por parte del personal de Yanacocha y la DINOES ante la Policía y el fiscal local[6]. Ella se siente frustrada al ver que sus denuncias no son tomadas en cuenta y sí en cambio las de la minera Yanacocha, quien los ha sometido a un juicio por USURPACIÓN. Dicho juicio se encuentra en apelación ante la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, donde la juez de la provincia de Celendín, el 29 de octubre de 2012, los declaró culpables de "ocupación ilegal", condenándolos a tres años de prisión suspendida y al pago de una indemnización a favor de la empresa minera Yanacocha. Este 17 de julio de 2013 la corte de Cajamarca realizará la última audiencia para resolver el caso; la familia Chaupe teme que se resolverá nuevamente en favor de la empresa minera. Por ello Máxima siente que el gobierno peruano y el sistema judicial han fallado en contra de sus propios ciudadanos y se han puesto del lado de la empresa minera.

Máxima, vive en una zona rural, aislada y vulnerable sufriendo constantes agresiones. No puede planificar su futuro ya que cada día, para ella, es una incógnita. También tiene miedo de salir de su casa y vive en permanente preocupación de que la policía va a volver una vez más a destruir su casa, lastimarla a ella y a su familia. Frente a estas amenazas, Máxima y su familia, deben recibir protección del gobierno peruano.

“Temo por mi vida, por la vida de mi esposo, por la vida de mis niños y por la vida de las personas en mi comunidad que defienden a nosotros y a nuestra agua” (Máxima Chaupe).

 

Por tanto:

Nuestra organización, la Confluencia Feminista Mesoamericana Petateras, solicita al Gobierno Peruano, a las instancias judiciales, a la Defensoría del Pueblo lo siguiente:

 ·         Investigar a fondo todos los actos de violaciones a los derechos humanos, intimidación, amenazas y el hostigamiento que le ha ocurrido a Máxima Acuña y su familia, cometidas tanto por la empresa minera Yanacocha, sus cuerpos de seguridad privado y la Policía Nacional del Perú.

 ·         Investigar a fondo el papel de Yanacocha en desalojos ilegales y adquisición irregular de propiedades privadas en las zonas de sus proyectos.

 ·         Ofrecer protección para garantizar que no se cometan más abusos de derechos humanos contra Máxima y los miembros de su familia.

 ·         Instar al Poder Judicial a que evalúe el caso de manera objetiva, que tenga en cuenta todos los elementos e indicios probatorios para emitir un fallo adecuado y acorde con la justicia.

 ·         Solicitar el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sobre la violación de los derechos humanos que sufre Máxima Acuña y su familia, cometidas tanto por la empresa minera Yanacocha, sus cuerpos de seguridad privado y la Policía Nacional del Perú.

 

Confluencia Feminista Mesoamericana Petateras

 Por Costa Rica: Alda Facio, Aylin Morera, Ginet Vargas, María Suárez, Roxana Arroyo, Yarman Jiménez

Por El Salvador: Emely Flores, Gilda Vivian Parducci, Yanira Argueta

Por Guatemala: Ana María Cofiño, Jeannette Asencio, Liduvina Méndez, Magda Cholotío, Patricia Ardón, Walda Barrios-Klee, Paula Irene del Cid, Paola Rosales, Claudia Samayoa, Rosalinda Hernández Alarcón

Por Honduras: Adelay Carias, Daysi Flores, Dilcia Yamileth Zavala Zúñiga, Gilda María Rivera, Hogla Teruel, Lídice Ortega, Miriam Suazo, Regina Fonseca, Reyna Cálix, Sara Avilés Tome, Suyapa Martínez

Por México: Araceli González, Daptnhe Cuevas, Lucía Lagunes, María Teresa Zúñiga, Martha Sánchez, Marusia López, Pilar Muriedas

Por Nicaragua: Ana María Pizarro, Arlen Centeno, Evelyn Cecilia Flores, Guadalupe Salinas, Malena de Montis, Marlen Chow, Martha Yllescas, Patricia Orozco, Violeta Delgado, Yamileth Mejía

Por Panamá: Aleyda Terán, Alibel Pizarro, Mariela Arce, Sonia Enríquez, Urania Ungo

Por Estados Unidos: Alejandra Scampini, Ana Luisa Ahern, Erika Guevara, Lisa VeneKlasen, Valerie Miller

 

Evitemos un desalojo injusto

Si a los derechos humanos de Máxima Acuña

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